En Colombia, la vida de una persona puede quedar suspendida por un trámite estatal. Para algunos es un certificado; para otros, una historia laboral, un reconocimiento económico, un permiso, una actualización de datos o la respuesta a una petición urgente.
Lo que parece un proceso rutinario se convierte, con frecuencia, en un laberinto: pasos que no están claros, documentos que “faltan”, plataformas que se caen, funcionarios que remiten a otra oficina y, a veces, semanas —o meses— sin una respuesta. Para muchos ciudadanos, esta experiencia no es solo molesta: afecta oportunidades de empleo, acceso a salud, continuidad académica o incluso la posibilidad de reclamar derechos fundamentales.
Un Estado con puertas, pero sin rutas claras
Colombia ha avanzado en digitalización, pero el acceso no se mide solo por plataformas o ventanillas. Se mide por claridad. El ciudadano promedio, especialmente en estratos 1, 2 y zonas rurales, enfrenta serios obstáculos para entender: qué entidad es competente, qué documentos son necesarios, cuáles son los tiempos legales de respuesta y cómo hacer seguimiento a su solicitud.
La Ley 1755 establece tiempos concretos —10, 15 y 30 días según el tipo de petición—, pero pocas personas los conocen. Esa desinformación genera un terreno fértil para la frustración: la gente espera indefinidamente porque nadie le explicó que tiene derecho a una respuesta en un plazo razonable.
La burocracia como experiencia emocional
Hablar de trámites no es hablar de papeles: es hablar de emociones. Cada demora tiene un impacto real. El padre que no puede matricular a su hijo porque la historia académica no aparece en el sistema. La mujer que sigue esperando una respuesta de la EPS para un examen urgente. El joven al que le retienen un subsidio porque su envío fue “radicado mal”. El adulto mayor que no logra corregir un dato para acceder a su pensión.
Historias como la de Rubén Egea, un trabajador informal de Medellín que necesitaba un certificado laboral para un empleo. La oficina le prometió respuesta en cinco días. Pasaron veinte sin noticias. Su oportunidad laboral se esfumó. Su caso refleja lo que les pasa a miles: cuando el Estado responde tarde, la vida no espera.
El silencio administrativo: una forma de exclusión
El silencio administrativo —cuando la entidad simplemente no responde— es una de las violaciones más frecuentes.
Aunque la ley sanciona esta práctica, en la vida diaria se convierte en un muro invisible que bloquea derechos. El ciudadano no sabe si insistir, si radicar otra petición, o si acudir a un abogado. Y mientras decide, los plazos se vencen, los procesos se detienen y los derechos quedan suspendidos. El silencio administrativo no es un simple olvido: es una forma de negar justicia sin decirlo explícitamente.
Su mayor aporte, quizás, es recordar que la justicia no debería depender del dinero que tenga alguien en el bolsillo, sino de su derecho a ser escuchado, informado y protegido.
El silencio administrativo: una forma de exclusión
Colectivos ciudadanos, consultorios jurídicos y grupos como la Defensoría Ciudadana han demostrado que la mayoría de los trámites se destraban cuando el ciudadano recibe orientación adecuada.
Ese acompañamiento tiene tres efectos inmediatos: Claridad: el usuario entiende qué debe presentar, ante quién y en qué tiempo. Seguridad: pierde el miedo a reclamar o insistir. Eficacia: la entidad suele responder más rápido cuando la solicitud está bien fundamentada.
Un ciudadano acompañado tiene más probabilidades de que su solicitud avance, no porque tenga privilegios, sino porque sabe qué exigir y cómo hacerlo.
Cuando la justicia se vuelve lenta, la desigualdad se acelera
La falta de respuesta estatal genera desigualdad. Quienes pueden pagar un abogado avanzan más rápido. Quienes no, se quedan esperando. El impacto es mayor en quienes más necesitan del sistema: víctimas de violencia, madres cabeza de hogar, adultos mayores, personas desempleadas o comunidades rurales. El trámite que nunca avanza se convierte en una barrera que refuerza exclusiones históricas.
Un Estado que no responde a tiempo no solo es ineficiente: termina perpetuando desigualdad.
Las demoras en los trámites no son accidentes aislados: forman parte de un problema estructural que requiere soluciones profundas.
Mientras tanto, la única herramienta que tiene el ciudadano es conocer sus derechos, exigir plazos, solicitar respuestas claras y buscar apoyo cuando la burocracia se convierte en un obstáculo.
No se trata de confrontar a las instituciones, sino de recordarles algo fundamental: el acceso a la administración pública es un derecho, no un favor.
Y cada vez que un ciudadano insiste, reclama o pregunta, está defendiendo no solo su propio proceso, sino la idea misma de que el Estado debe servir y responder.